Para el 2014, Bolivia, de acuerdo a la Fundación Construir, tenía la mayor cantidad de privados de libertad sin condena en toda Latinoamérica. Esta realidad, a la fecha, pese al indulto otorgado a muchos internos no fue superada.
Bolivia, al igual que muchos países latinoamericanos tiene el enorme problema de la inseguridad ciudadana, cada día se registra nuevos hechos delictivos y lo preocupante del caso es que estos son cada vez más violentos e incluso con el uso de armas de fuego. Ello indudablemente genera la preocupación de la población que exige la presencia del Estado. Frente a esta realidad el Estado reprime a los autores con la privación de libertad; sin embargo olvida la labor importante de la reinserción social.
En las cárceles en Bolivia, la realidad termina superando a la ficción, pues así como existe gente que vive con privilegios e incluso con lujos, tal cual se evidencio en el Penal de Palmasola, está la otra cara de la moneda, una realidad tan dura e inimaginable que solo puede ser descrito por los que alguna vez pasaron por los recintos penitenciarios; muchas personas duermen en los pasillos al no tener la posibilidad de pagar alquileres a los internos que dominan las cárceles, otros son obligados por la necesidad a vender su dignidad a cambio de unas monedas.
Ahora bien, se puede mencionar al otro grupo grande de la población carcelaria que mínimamente cuenta con el apoyo de la familia, estos tratan de sobrellevar su situación de encierro realizando trabajos artesanales para de alguna manera paliar su difícil situación.
En el caso de los sentenciados con el tiempo surge el abandono de la familia y los “amigos”. Solo alguna que otra madre o padre, van en procesión silenciosa y triste para ver al hijo que se equivoco.
En la mayoría de las cárceles las drogas y el alcohol no son ajenos a esta realidad, se sabe que algunos internos se inician en el consumo en dichos recintos, empeorando la condición de ser humano.
En Bolivia aproximadamente, el 85% de los privados de libertad se encuentran sin sentencia ejecutoriada, incluso varios están detenidos sin ser culpables del delito que se les imputa. Aunque, es verdad que algunos internos* tienen como ocupación principal seguir planificando más delitos, estos últimos son los denominados reincidentes, que paradójicamente tardan más en ingresar a la cárcel que en obtener su libertad.
Hace muchos años, Don Raúl Salmon en su obra titulada “Escuela de pillos” un tanto en sorna y otro tanto en serio, describía acertadamente la vivencia de los privados de libertad en un recinto penitenciario, hoy la figura parece no haber cambiado sustancialmente.
Y es que lamentablemente el sistema penitenciario en nuestro país adolece de políticas eficaces para reinsertar efectivamente en la sociedad a los privados de libertad, por el contrario pareciera constituirse en escuelas de delincuentes. Pues aquella persona que guarda detención por un delito culposo (ejemplo, accidentalmente alguien causo la muerte de otra persona sin desearlo) o aquel que por primera vez incurrió en la comisión de un delito, e incluso, el inocente está recluido juntamente con aquellas personas que tienen en la delincuencia una forma de vida, o con los reincidentes que no tienen el menor deseo de reinsertarse a la sociedad, tarde o tempano los primeros serán influenciados por los segundos, a lo que se denomina contagio criminal.
Está comprobado científicamente que el ser humano necesita mantenerse ocupado, porque de lo contrario tiene mayores probabilidades de ocupar sus pensamientos en cosas poco productivas. Entonces cuando no se tiene políticas proactivas para recuperar a seres humanos que infringieron la norma, es más probable que éstos en lugar de reinsertarse a la sociedad de la que circunstancialmente fueron alejados quieran vengarse de ella, o en su caso sientan resentimiento contra el sistema de administración de justicia.
Factores condicionantes de esta problemática, se puede mencionar varios, desde la corrupción generalizada, la falta de políticas del régimen penitenciario, el decadente sistema de administración de justicia en nuestro país, y dentro este ultimo problema, estan el abuso y la discrecionalidad con la que se maneja los artículos 233, 234 y 235 de la norma adjetiva penal, al no aplicarse con criterio restrictivo de dichas disposiciones, pues la libertad es la regla y la privación de libertad es la excepción, la falta de criterio de los operadores de justicia para aplicar el principio de proporcionalidad, y frente a ello desafortunadamente el pobre y el humilde estarán en desventaja frente al poderoso. en suma no son otra cosa que el reflejo de una sociedad en decadencia moral.
Evidentemente, la sociedad de la que somos parte es responsable en cierta medida de la condición actual de lo privados de libertad. La falta de oportunidades laborales, la segregación social, la pérdida de valores, la educación deficiente en la familia y las unidades educativas, el abuso en la venta y consumo de bebidas alcohólicas y otra serie de factores dan como resultado, personas privadas de libertad.
Estamos de acuerdo en que los privados de libertad son seres humanos, por lo tanto merecen ser tratados como tales. No obstante el terrible hacinamiento, la creciente violencia y condiciones infrahumanas que se vive en las cárceles vulneran derechos elementales de los privados de libertad. No olvidemos que estas personas (internos) únicamente están privados del derecho a la libertad de locomoción, como dicen los criminólogos, están apartados momentáneamente de la sociedad para evitar que la sigan dañando.
Sin embargo, no es menos cierto que el Estado tiene el deber la obligación de proteger al conjunto de la ciudadana. Hoy por hoy la vida humana es en extremo infravalorada por los delincuentes pues así pueden matarte por robarte un automóvil como por un celular, las quejas de la desbordante inseguridad ciudadana son el común denominador en el país. Por lo que el Estado debe asumir con responsabilidad aquí y ahora esta problemática.
Se han hecho múltiples estudios para tratar de mejorar la realidad carcelaria. Varios estudios coinciden que la terapia ocupacional para evitar el contagio criminal sería más efectiva que el encierro como tal, una sub- clasificación y terapia ocupacional sería otra alternativa, esta última plantea que los internos considerados de mayor peligrosidad tendrían que trabajar al interior de los penales o en regimientos militares. En cambio aquellos que demuestren buena conducta y sean menos peligrosos podrían trabajar en granjas agrícolas especiales. Por dicha actividad podría computarse por 2 días de condena, además de una justa retribución. Una de las razones que aducen los privados de libertad que reinciden es que no les queda camino que delinquir porque la sociedad no los acepta por su pasado. En este caso si el detenido cumple con los trabajos demostrando buena conducta y deseo de reinserción en la sociedad, debería beneficiarse con la eliminación de antecedentes penales. Pero de lo anterior y pese a ser un problema latente, se le presta muy poca importancia.
El trabajo para los privados en libertad debe ser obligatorio, dice otro estudio. El artículo 46 –III de la Constitución señala que se prohíbe el trabajo forzado u otro análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución. Sin embargo la misma Constitución en su artículo 108 – 5 establece que toda boliviana (o) tiene el deber de trabajar, según su capacidad física, intelectual, en actividades licitas y socialmente útiles.
El tema seguirá generando polémica y diversos comentarios, pero lo que es innegable que en el tema de la seguridad ciudadana es una preocupación latente, y la realidad carcelaria exige respuestas inmediatas oportunas e eficientes por parte del Estado y la propia sociedad.
